En el Pleno celebrado hoy
viernes, por la Diputación Provincial de Cáceres, el Grupo Socialista ha
insistido de nuevo en trabajar conjuntamente con el gobierno popular para
intentar buscar soluciones y alternativas al grave problema del paro que en la
provincia. Por este motivo ha presentado, vía de urgencia, una moción para
solicitar un Plan de apoyo al empleo local dotado con 20 millones de euros del
remanente de tesorería. Moción que el grupo popular ha rechazado su urgencia y
no ha podido ser debatida tal y como sucedió en el pleno anterior con la moción
del grupo socialista para apoyar el empleo juvenil.
También se ha puesto de
manifiesto el “servilismo” de la Diputación de Cáceres con el señor Monago como
ha quedado de manifiesto en el convenio firmado entre la Diputación y el
Servicio de Teleasistenacia domiciliaria dotado con 580 mil euros. Un convenio
en el que la Diputación de Cáceres aporta un 65,52% y el SEPAD el 34,48%,
mientras que en el caso de la provincia de Badajoz la Diputación pacense aporta
el 35% y el SEPAD el 65%.
“Para el Grupo Socialista es un
agravio comparativo hacia la Diputación de Cáceres que responde al servilismo
con el señor Monago y aunque nuestro voto es favorable para continuar con una
servicio que data del 2001 y responde a una necesidad de la sociedad, queremos
dejar constancia de nuestra crítica”, ha señalado la Diputada Socialista,
Marisa Gómez.
Por otro lado el Grupo Socialista
se ha abstenido en el punto referente a la modificación de los Estatutos del
Consorcio Cáceres Ciudad Histórica por lo que considera una incongruencia del
Partido Popular.
“No se puede entender que el
Grupo Popular elimine consorcios como el SEPEI e Identic aludiendo a que la
figura de los consorcios no sean efectivas, y ahora, se lleve a Pleno, el
Consorcio Cáceres Ciudad Histórica” ha concluido Marisa Gómez.
El punto que más debate ha
suscitado ha sido el referente a la Modificación de relación de puestos de
trabajo y plantilla de personal laboral eventual. El PSOE ha votado en contra
por entender, como ha explicado el diputado socialista Carlos Labrador, que los
informes técnicos apuntan a que vulnera la legislación vigente aprobada por el
gobierno del señor Rajoy y que recogen la prohibición de la incorporación para
nuevo personal, incluso eventual, a las Administraciones públicas, así como una
congelación para todo el personal al servicio del sector público de las
retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012.
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