jueves, 28 de febrero de 2013

La “herencia socialista” lleva al pleno de la Diputación el Plan de Recuperación Ambiental de zonas degradas de la provincia

La falta de compromiso firme de Cáceres y Plasencia de pagar a la Diputación el servicio de extinción de incendios supondrá un desequilibrio económico para la Institución.

La Diputación de Cáceres ha aprobado hoy la anualidad para el 2013 del Plan de Recuperación Ambiental por un montante de 3.367.755 euros. Un Plan que fue impulsado por el gobierno socialista de la Diputación de Cáceres denominado “Modelo Provincial de Gestión Sostenible de Recursos Naturales, desarrollo rural urbano 2007- 2013 con un importe total de 20.427.901 euros. El Grupo Socialista de la Diputación se congratula por su aprobación y recuerda al PP que es un proyecto que llega gracias a la “herencia socialista”.


“Se trata de un proyecto que puso en marcha el gobierno socialista o, como tanto les gusta decir a los populares, se trata de la herencia socialista que llega hoy al gobierno popular y a través de la cual se van a invertir en nuestra provincia, dentro de la anualidad prevista para el 2013, un total de 3.367.755 euros” señala el portavoz del Grupo Socialista Miguel Ángel Morales. “No alegramos que hoy se pueda aprobar un proyecto por el que los socialistas apostamos y trabajamos y que implicará no solo la recuperación ambiental de varias zonas degradas sino también un motor de empleo en las zonas de actuación”.

Incumplimiento para disolución del Consorcio SEPEI

Con respecto a la integración del personal propio del Consorcio SEPEI a la Diputación, el Grupo Socialista muestra su rechazo por incumplir los acuerdos de Pleno de la propia Institución y de los informes técnicos que obran en el expediente. “No podemos aprobar la integración del personal del SEPEI cuando no se han cumplido los requisitos indispensables para la disolución del Consorcio tal y como ha quedado demostrado en la Asamblea celebrada el pasado lunes” señala Morales.

En este sentido Morales ha informado que para poder llevar a cabo el expediente de disolución es requisito, la previa aprobación por los plenos de los Ayuntamientos de Cáceres y Plasencia de los convenios con la Diputación Provincial donde se materialice la financiación que éstos deben aportar para recibir la prestación del servicio de extinción de incendios, toda vez que los dos municipios están obligados por Ley a prestar a sus vecinos el servicio de extinción de incendios.

En la documentación que se llevó a la Asamblea del SEPEI el pasado lunes para la disolución del Consorcio no figuraba ninguno de los convenios entre la Diputación y sendos ayuntamiento, ni se recogía, por tanto, en dicha documentación el compromiso de financiación para poder llevar a cabo la prestación de servicios por parte de la Diputación a pesar de que el convenio con el Ayuntamiento de Cáceres pasó por pleno de este Ayuntamiento recientemente.

“El hecho de que no exista el compromiso firme para pagar a la Diputación los servicios que estos ayuntamientos deben prestar a sus ciudadanos, obligados por Ley a hacerlo, supondrá un desequilibrio económico para la Diputación Provincial, tal y como reconocen los técnicos, que puede poner en peligro la prestación de un servicio que la Diputación está obligada a prestar al resto de municipios de la provincia”, ha explicado el portavoz socialista.



Moción Socialista para pedir la retirada del proyecto de Ley de reforma de la Administración Local

El Grupo Socialista ha presentado una moción para pedir la retirada, por parte del Gobierno, del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local ya que, considera que la reforma que plantea el Gobierno, es un atentado a la democracia, a la autonomía y a la propia Constitución.
Esta reforma, además de acabar con los Ayuntamientos, trata a los alcaldes como corruptos e inútiles y pretende someterles a una tutela mediante lo que denominan, y nadie sabe muy bien qué es, standar de calidad” explica el portavoz socialista. “El PP solo ve a los municipios bajo el prisma de la rentabilidad económica, nunca desde el punto de vista social lo que implica la pérdida de calidad y derechos de los ciudadanos y ciudadanas”.

El portavoz socialista ha concluido señalando que “con el traspaso de competencias a las Diputaciones lo que pretende el PP es, sencillamente, hacer negocio y privatizar los servicios municipales.”


Finalmente en el turno de ruegos y preguntas el diputado socialista, Carlos Labrador, ha expresado la “profunda preocupación” de su grupo por el reparto que se está haciendo en las inversiones a desarrollar en los municipios. En este sentido ha explicado que “no se puede entender que se estén concediendo inversiones para el arreglo de un bar en una piscina mientras que, en otros casos, como en el municipio de Cabrero no se haya ni tan siquiera contestado a la solicitud de su alcaldesa para arreglar, por motivos de seguridad, un desperfecto en el colegio”.