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“Que
el Diputado popular de Recursos Humanos dimita, y sino, que lo cese
fulminantemente el Presidente, porque en política cuando se comenten
barbaridades y errores de este calibre tienen que asumirse
responsabilidades. Si no dimite y si no es cesado el Presidente será
cómplice de una barbaridad, de una mala gestión de recursos
públicos en la Diputación Provincial. No es una cuestión política
sino estrictamente de legalidad y de fondo como lo explica la
intervención en su informe”.
El
Portavoz del Grupo Socialista, Miguel Ángel Morales, ha sido
contundente al pedir el cese del diputado popular Emilio Borrega
porque ha llevado a pleno una modificación presupuestaria ilegal
que con toda claridad y textualmente recoge el informe de
intervención “no
procede su aprobación”
. Un informe que además añade que “la ley prohíbe incrementos
retributivos y que “no es posible un incremento retributivo
generalizado para el personal por encima del límite establecido en
la Ley estatal de presupuestos, el cual, lógicamente prevalece sobre
los acuerdos que hayan podido ser suscritos”.
Un
informe “demoledor” ha señalado Miguel Ángel Morales, pero que
no ha impedido al PP seguir intentando una modificación para dotar
presupuestariamente una RPT que reparte 500 mil euros a los salarios
más altos, mientras que otros puestos de trabajo, como el de
bomberos o de conductores, rebaja el complemento de peligrosidad.
“El
Presidente ya sabía que había una cuestión de ilegalidad puesta de
manifiesto por la intervención, a pesar de ello convocó el pleno
con dos puntos más para engañar y decir que era para inversiones en
los pueblos. Lo denunciamos públicamente y hoy, nada más llegar al
Pleno extraordinario, no ha habido más remedio que retirar del orden
del día algo ilegal porque el Presidente no está por encima de la
Ley”.
El
Portavoz Socialista ha señalado que de haber aprobado la
modificación presupuestaria se hubiera cometido un delito de
prevaricación y ha añadido que ahora el Grupo Socialista estudiará
si los cinco diputados que votaron en la Comisión de Hacienda a
favor de un dictamen que es ilegal han podido incurrir en un ilícito
penal.
Segundo
pleno por tanto para intentar aprobar la modificación presupuestaria
de una RPT que ya ha sido publicada en el BOP sin tener su asignación
económica, algo que también es ilegal.
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